La entrada en vigor de la Ley 187, “Ley de la Vivienda”, marca un nuevo momento para el sector habitacional en Cuba, al actualizar el marco jurídico vigente desde hace más de tres décadas y reunir en una sola norma disposiciones que hasta ahora se encontraban dispersas.
Las principales novedades de la legislación fueron explicadas por autoridades del Ministerio de la Construcción (Micons) durante el programa televisivo Mesa Redonda, donde el titular de ese organismo, René Mesa Villafaña, destacó el alcance integral del nuevo texto legal.
Explicó que la normativa responde a las transformaciones económicas y sociales aprobadas en el país, además de la necesidad de superar la fragmentación regulatoria acumulada durante años. Antes de la aprobación de la Ley 187 existían 127 normas de diferentes tipos y nueve decretos-leyes relacionados con la vivienda.
El propósito de la nueva legislación, precisó Mesa Villafaña, no consiste únicamente en compilar esas disposiciones, sino en establecer una visión articulada de la producción, la gestión habitacional y el desarrollo de las urbanizaciones.
“Integra la producción, la gestión de la vivienda y sus urbanizaciones con un enfoque económico, legal, sociocultural y ambiental”, afirmó el ministro.
La nueva Ley de la Vivienda introduce cambios sustanciales en el régimen habitacional cubano y amplía las alternativas para acceder, construir, transmitir y gestionar inmuebles, aseguró Marvelis Velázquez Reyes, directora de Asuntos Legales de la Vivienda del Ministerio de la Construcción (Micons), durante el espacio.
Afirmó que la normativa ratifica la voluntad del Estado de enfrentar el déficit habitacional mediante los programas de construcción y, al mismo tiempo, garantiza el ejercicio pleno del derecho a la propiedad.
“El derecho a la propiedad no se toca”, subrayó Velázquez Reyes, quien señaló que la ley no solo protege a los propietarios, sino que también amplía las facultades de usufructuarios y arrendatarios, con nuevos derechos y obligaciones.
Más actores en el desarrollo habitacional
Uno de los aspectos centrales de la legislación es la definición del Programa Nacional de Desarrollo Habitacional, en el que podrán participar todos los actores de la economía: empresas estatales, población que construye por esfuerzo propio, mipymes y empresas privadas con más de 100 trabajadores.
La norma incorpora, además, dos nuevas formas de gestión: la actividad inmobiliaria y las cooperativas de vivienda.
En el caso de la actividad inmobiliaria, las mipymes y otras entidades podrán comprar y vender apartamentos, así como construir edificios para arrendarlos o comercializarlos. La directora de Asuntos Legales explicó que esta posibilidad se amplía tras la eliminación de ese renglón de la lista de actividades económicas prohibidas.
“La mipyme puede hacer actividad inmobiliaria, construir para arrendar o para vender. Igual que el Estado y las empresas estatales. La actividad inmobiliaria se amplía en Cuba para buscar solución habitacional a la población”, expresó.
Las cooperativas de vivienda permitirán que varias personas unan sus recursos para construir, por ejemplo, un edificio. Dentro de esos inmuebles podrán habilitarse locales para arrendar o desarrollar actividades económicas que contribuyan a su sostenibilidad.
Aunque esta figura estuvo contemplada en la Ley 48, nunca llegó a implementarse y no fue incluida posteriormente en la Ley 65. Ahora contará con un reglamento específico y los proyectos serán aprobados por los gobiernos locales y los consejos de la Administración.
Cambios en impuestos y propiedad
Otra de las novedades consiste en que el valor catastral será utilizado como base imponible para los impuestos sobre la propiedad y los actos de transmisión. De esta manera, se elimina el valor referencial empleado hasta el momento.
La ley también elimina la restricción que impedía a personas naturales y jurídicas extranjeras comprar o alquilar viviendas en Cuba. En este aspecto, los extranjeros —incluidos los cubanos residentes en el exterior— quedan equiparados con los nacionales en cuanto al derecho ampliado de poseer hasta dos viviendas.
Respecto a los inmuebles en ruinas, estos podrán transmitirse mediante cualquiera de los actos reconocidos por la legislación, siempre que el propósito final sea recuperar su valor de uso y contribuir a la restauración del fondo habitacional.
La normativa reconoce igualmente el concepto de vivienda productiva, vinculado al desarrollo de negocios, aunque establece que la transferencia de viviendas en ruinas deberá estar dirigida exclusivamente a su recuperación.
También se regula la posibilidad de que un propietario acceda a espacios edificados pertenecientes a otro inmueble, como un garaje situado en la vivienda de un vecino.